NICARAGUA: Daniel Ortega Obliga A Pastores, Sacerdotes y Otros Religiosos a Ser Policías

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LIDERES RELIGIOSOS AHORA SON

POLICÍAS DEL GOBIERNO NICARAGÜENSE

 

  • Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha convertido a los líderes religiosos en una especie de policía voluntaria, mediante el reglamento que hizo a la polémica Ley 779, con el cual los designa auxiliares de las autoridades.

 

Emiliano Chamorro
La Prensa, Managua
Daniel Ortega, presidente (inconstitucional) de Nicaragua, ha convertido de hecho a los líderes religiosos en una especie de policía voluntaria, mediante el reglamento que hizo a la polémica Ley 779, con el cual los designa auxiliares de las autoridades.

La designación establecida en el artículo 46 del reglamento de la Ley 779, ha tomado por sorpresa a los líderes de la Iglesia católica y a sectores sociales, provocando profunda preocupación al punto que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunirá de emergencia en los próximos días para analizar la reglamentación.

En el encuentro demandarán al Gobierno que aclare la figura jurídica que los convierte en aparato de cooperación estatal.

En el artículo 46 del reglamento, Ortega incorpora a las pastorales religiosas y religiosos como parte de las expresiones comunitarias, en calidad de auxiliares de la Comisaría de la Mujer y de las otras delegaciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público para la adopción de medidas precautelares.

A la vez, en el artículo 48, Ortega considera a los religiosos también como auxiliares de la Policía y del Ministerio Público para verificar los factores de riesgo que facultan para la detención policial de los denunciados.

Igualmente los artículos 49 y 50 designan a los religiosos como auxiliares del poder judicial a través de las Comisarías para el seguimiento de las medidas cautelares que los jueces pueden imponer.

EPISCOPADO LO RECHAZA

La Iglesia católica rechaza de tajo el decreto que los vincula como aparato estatal y demandará ante Ortega una aclaración. “Es un problema muy candente. En este caso hay una inquietud que no la puedo ocultar porque esto nos obliga a nosotros a ser un ente supeditado al Estado, incluso a prestar un servicio como supeditado a la misma Policía, para colaborar al castigo de alguien y por supuesto, esto no nos satisface y es grave para la independencia de la Iglesia”, afirma monseñor Bosco María Vivas Robelo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

“Existen las dos posiciones, la posición nuestra es que esto es inaceptable y nosotros como Iglesia no queremos aceptarlo porque no nos satisface, nos convierte en cómplices y quizás hasta de injusticias y nos pone en actitudes cuestionables como se dice hasta el de faltar a los secretos de confesión; eso ya sería el extremo y por lo tanto, desastroso y nosotros como Iglesia lo rechazamos”, aclara el obispo Vivas Robelo.

CONSERVAR INDEPENDENCIA

A criterio del jurista José Pallais, el reglamento impone un carácter oficial a los religiosos que podría equipararse a los policías voluntarios, es decir concede facultades a los religiosos “asimilándolos al aparato estatal, por lo que pasan a ser parte de las estructuras del Estado”.

El decreto número 42-2014 que reglamenta le Ley, incorpora a las pastorales familiares y líderes religiosos entre las consejerías familiares en la comunidad o consejerías comunitarias, junto a los Gabinetes de Familia, comunidad y vida para trabajar en coordinación con el Ministerio de la Familia adolescencia y niñez (arto. 9).

“La incorporación de los religiosos en el reglamento cumple un objetivo político, el de hacer digerible el rol que se le quiere asignar a los Gabinetes de la Familia como organizaciones políticas paraestatales, ya que ante las críticas de que ¿por qué están los Gabinetes involucrándose en los asuntos privados de la familia? el Gobierno responderá: ¿de qué se asustan si los religiosos también lo están?”, plantea Pallais.

El decreto en cuestión viene a desnaturalizar el rol de la Iglesia en la sociedad “rompiendo el principio de laicidad del Estado y pudiera hacer corresponsable a la Iglesia de las políticas y actuaciones de los órganos represivos del Estado, compartiendo los costos de sus actuaciones, tanto positivas como negativas”, afirma el exdiputado José Pallais Arana.

“Qué bárbaros, están pretendiendo instrumentalizar a la Iglesia. Esto es un manoseo a la Iglesia y es una forma de buscar un aval creíble, porque ¿quién no cree en la Iglesia? Sean católicos o evangélicos, la Iglesia tiene credibilidad, entonces ellos lo que quieren es instrumentalizar a la Iglesia y hacerle creer a la gente que están de acuerdo con esa ley; ese es el mensaje. Además, que si están metiendo a la Iglesia, están violando la laicidad de Nicaragua”, dijo muy sorprendida la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

 

Ver reporte en La Prensa

 

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